Google deberá hacer frente a una multa de 150.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Multa a Google de 150.000 euros

El buscador online Google debe hacer frente a una gran multa debido a una infracción de la actual Ley de Protección de Datos. La compañía advertía a las webs afectadas de qué enlace había sido retirado de su buscador, lo que, según la resolución, pone en riesgo el derecho al olvido del demandante.

Un abogado fue quien denunció a Google, puesto que consideraba que, al poner en aviso la desaparición del enlace, quien recibiera la comunicación se podía hacer eco del intento de enterrar la información.

La denuncia también acusaba a Google de notificar las eliminaciones a un dominio web ajeno al proceso y que estaba alojado en Estados Unidos. Según constaba en la denuncia, esta web publicaba posteriormente las peticiones. En consecuencia, en algunas ocasiones se llegaban a difundir nombres o iniciales de los solicitantes.

Google ha respondido

 

El buscador Google ha respondido oficialmente: «Hemos recibido la resolución de la Agencia de Protección de Datos, la vamos a analizar para poder decidir los siguientes pasos a tomar. Creemos que la transparencia ejercitada desde la reflexión es una parte del proceso de desindexación».

Este problema ha sido planteado previamente ante la compañía, afirmando que Google sólo notificaba la retirada de direcciones web eliminadas a los webmasters sin dar datos de los solicitantes y que esto podría poner en peligro a quienes reclarmaran dicha retirada. También aludió a que el procedimiento online estaba detallado y ofrecía esta información claramente.

Esta es la segunda denuncia que Google recibe de parte de la AEPD. La primera fue la gistórica multa de 900.000 euros por infringir gravemente la Ley de Propiedad Intelectual y Protección de Datos en tres ocasiones en 2013.

Desde 2007, el organismo estatal ha solicitado a Google la posibilidad de retirar URLs de su buscador, algo que obtuvo un respaldo definitivo en 2014 tras la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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