¿Puede el Gobierno fijar los precios de los alimentos?

por | Ene 24, 2023 | Arbitraje de consumo, Consumo, Derechos del consumidor, Particulares | 0 Comentarios

Podemos inicia una nueva ofensiva para poner topes a los precios de los alimentos, pero… ¿es legal hacerlo?

Fijar los precios de algunos bienes de primera necesidad podría ser ilegal

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de «indecente» que las grandes empresas de distribución y sus propietarios, especialmente el de Mercadona, Juan Roig, “se estén haciendo de oro» en esta crisis.

Las declaraciones de la ministra, que fueron realizadas en un acto electoral de su partido en Zaragoza, no han gustado a la parte socialista del Gobierno. La portavoz del Comité Electoral del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha manifestado que en el ámbito de la política es necesario “ser mesurado en las palabras”. Aunque ha subrayado que “es legítimo y natural manifestar las criticas políticas sobre distintos posicionamientos, afirma que «es importante que entre todos mantengamos una cierta prudencia verbal”.

 

 

El ataque de la ministra al sector de la distribución tiene como trasfondo la propuesta de Podemos para poner un tope a los precios de los alimentos básicos

Esta idea comenzó a discutirse el pasado mes de septiembre, cuando la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, propuso un precio máximo de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra como, por ejemplo, la leche, los huevos o el pan. Desde el primer momento han surgido dudas sobre la legalidad de esta medida.

 

 

¿Es legal que el Gobierno ponga topes a los precios?

Según el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, “los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal competencia, con las excepciones establecidas en leyes especiales”.

No obstante, el mismo artículo establece que «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios» en cuatro casos. El primero de ellos es «cuando se trata de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas».

 

 

El ministro de Agricultura afirma que no se pueden fijar los precios y que es ilegal

Desde el primer momento, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que no es posible poner en práctica este control de los precios por motivos legales, idea que respaldan muchos expertos. La base de esta opinión se encuentra en la normativa europea, que prohíbe los acuerdos para fijar los precios de los alimentos, aunque en la propia norma se habla de excepciones.

En unas declaraciones a Europa Press, Planas ya aseguró que la intervención de precios es una “medida excepcional” que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es.

 

 

El líder de la patronal, Antonio Garamendi, también rechazó esta propuesta

A su juicio, “si queremos regular absolutamente todo acabamos teniendo una economía intervenida, un Estado intervenido” y “una falta de libertad”.

 

 

Podemos ha vuelto a la carga con la idea de fijar los precios ¿Elecciones cerca o ayudar a los más necesitados?

Hace unos días ha vuelto a proponer al PSOE intervenir el mercado de la alimentación y fijar precios máximos a los productos básicos de la cesta de la compra. En esta ocasión respaldan su petición en que la rebaja del 4% del IVA aprobada por el Gobierno no palia los incrementos de precios, que golpean sobre todo a las familias vulnerables.

Además, han pedido que se aplique un impuesto extraordinario a los grandes supermercados, así como sanciones a las cadenas de alimentación que incumplan estas medidas o que aprovechen la crisis para aumentar beneficios.

 

 

Mercadona, en el punto de mira

En este escenario en el que se ha puesto en el punto de mira a las cadenas de distribución, lo cierto es que Juan Roig, al que Belarra calificó como “un capitalista despiadado” se ha convertido en una de las dianas favoritas de Podemos. Otra cuestión es si las mismas están o no justificadas.

Mercadona se ha convertido en un gigante de la distribución en España. Emplea a casi 96.000 personas y, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, creado por la Generalitat Valenciana, generó el equivalente al 2,1% del PIB español en 2021.

 

 

Mercadona cerró el 2021 con un beneficio de 280 millones de euros

En ese ejercicio, último sobre el que la compañía ha hecho públicos sus datos sobre resultados, cerró con un beneficio neto de 680 millones de euros, un 6,4% menos que en 2020, pese a alcanzar una cifra de negocios récord de 25.517 millones, un 3,3% más que el año anterior.

En la presentación de resultados, el presidente de la compañía confirmó que Mercadona acometió una subida de precios del 2% para paliar el impacto de la coyuntura sobre el margen, que fue de un total de 100 millones, con una reducción de 0,4 puntos respecto al del año anterior. En ese momento, Roig ya advirtió que en 2022 tendrían que “tomar decisiones, todas necesarias, muchas molestas y algunas impopulares” para “adaptarnos a esta situación”.

 

 

Mercadona y el Grupo DIA, subieron los precios un 16,1 %

Según un informe publicado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) el pasado mes de septiembre, el Grupo DIA y Mercadona fueron los que más subieron los precios de sus productos, con un 16,1% de media en ambos casos. Mercadona, sin embargo, sigue manteniéndose como una de las cadenas de supermercados más baratas de España.

Por otro lado, y esto es algo que no ha salido a colación en las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, el Comité de Dirección de Mercadona acordó el pasado mes de diciembre incrementar el sueldo de toda su plantilla de acuerdo con el IPC, “no solo sobre el salario base como indica el Convenio de Empresa, sino sobre el total salario de la plantilla incluyendo complementos correspondientes”. La medida ha entrado en vigor en España y Portugal desde el 1 de enero.

 

Fuente: economistjurist.es

Foto: Getty Images

 

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