El Partido Socialista cede y acepta que se regulen los alquileres, aunque solo para los propietarios con más de diez viviendas.

La nueva ley del Gobierno para regular los alquileres también gravará las casas vacías

Tras meses de negociaciones, y varios tiras y aflojas, PSOE y Unidas Podemos han logrado llegar a un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda. Un proyecto ambicioso que pondrá coto a los alquileres de los grandes propietarios y con el que se intentará resolver la problemática social del acceso a la vivienda de jóvenes y rentas bajas.

El punto más polémico de la futura ley es la regulación de los alquileres. El PSOE cede finalmente a las exigencias de Unidas Podemos y acepta una regulación, aunque esta será descafeinada. Los controles a los precios -es decir, que los alquileres no puedan subir más allá de determinados límites- solo afectarán a los caseros que además sean grandes propietarios, en principio aquellos que tienen más de 10 viviendas.

Nadia Calviño se oponía a cualquier tipo de regularización de precios

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se oponía a cualquier tipo de regulación de los precios del alquiler porque considera que afectará a la seguridad jurídica del mercado. Sin embargo, su partido finalmente ha cedido a las exigencias de su socio de gobierno, que en las últimas horas había amagado con no apoyar los Presupuestos si no había un avance normativo en este sentido.

En todo caso, serán las comunidades autónomas las que decidirán si habilitan o no estos controles, que se basarán en el índice de precios elaborado por el Ministerio de Transportes en 2020. Será en las zonas calificadas como tensionadas por este índice, que está confeccionado con datos de la Agencia Tributaria de 2018, donde se podrá imponer estos límites.

Con los pequeños propietarios no habrá controles, se ofrecerán beneficios fiscales

En el caso de los pequeños propietarios (el 85% del total) no habrá controles, sino que se intentará desinflar los precios mediante incentivos fiscales para que pongan sus viviendas en alquiler más baratas. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que habrá bonificaciones de hasta el 90% para las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

Fuentes del Gobierno han asegurado, al término de la reunión, que el control de precios a grandes propietarios solo se aplicará a personas jurídicas, no a las personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.

Un recargo en el IBI del 150% para las viviendas vacías

Más allá de la regulación de los precios, la norma también perseguirá a los propietarios de viviendas vacías. El proyecto contempla un recargo del 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que permanezcan desocupados. Para ello, la norma delimitará lo que se considera una vivienda vacía, una definición que ha causado amplios debates en el Gobierno de coalición y que incluso llegó a enfrentar al Ejecutivo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el Ministerio de Transportes han deslizado que bajo ningún concepto esta definición recogerá a las segundas residencias de los españoles. Pero lo cierto es que todavía se desconocen los detalles del término. En principio, PSOE y Unidas Podemos habían barajado la opción de que solo se considerará que una vivienda está vacía si el propietario tiene más de cuatro inmuebles. Una vez habilitado, el recargo del IBI quedará en manos de los ayuntamientos, que serán los que decidirán si aplicarlo o no.

Se fomentará el alquiler social

Otro de los ejes sobre los que pivotará la ley de vivienda será el fomento del alquiler social. Como ya hizo Cataluña, el Gobierno obligará a que todas las promociones destinen al menos el 30% de sus inmuebles a viviendas protegidas. Y de estas, la mitad serán pisos sociales.

Junto a este punto, el Gobierno acelerará el Plan 20.000, que busca promover 20.000 viviendas asequibles para paliar la falta de oferta de determinadas ciudades.

CEOE: «La norma va contra la propiedad privada»

Las reacciones del mundo económico a la futura ley del Ejecutivo no se han hecho esperar. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este martes que la norma se trata de una «una distorsión brutal» de «la libertad y el derecho a la propiedad».

En declaraciones a los medios al acudir al ‘South Summit 2021’ en Madrid, el presidente de la patronal expresó su «preocupación» sobre una norma que en su opinión «crea inseguridad jurídica» y con ello «falta de confianza». « Es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, que está reconocido en la Constitución», ha denunciado.

Controlar los precios del alquiler no funcionó en el pasado

En esta misma línea, desde Idealista han criticado el control de precios explicando que es una medida que ha supuesto «la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad».

«Aprovechar la aprobación de presupuestos para un año para sacar adelante una ley que afectará a una década es un error grave. En España ya vivimos lo mismo cuando en los años sesenta se aprobó temporalmente lo que luego fue conocido como “renta antigua” que arrasó con el alquiler en las siguientes décadas», han explicado desde el portal inmobiliario.

Fuente:  abc.es

Foto:   abc.es

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