Los fondos buitre compran deuda
Cada poco tiempo se escuchan informaciones que mencionan los fondos buitre. No obstante, no todo el mundo sabe qué son ni qué suponen. Pero todo comienza con una situación económica problemática.
Los fondos distressed o holdouts, más conocidos como fondos buitre, son fondos de capital riesgo que compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra. Posteriormente, presionarán para cobrar la totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por los años adeudados, sin atender a reestructuraciones o quitas.
Dónde actúan los fondos buitre
Su campo de acción abarca tanto a países con situaciones financieras críticas como a empresas con graves problemas económicos. Su principal objetivo es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades.
Se trata de compañías que no terminan de gustar en el ámbito financiero. Por eso, se considera que el calificativo de buitre se ajusta muy bien a su modo de subsistir, por lo que han sido puestas en entredicho por varias organizaciones, entre ellas el G20.
Uno de los principales problemas es el que supone para los inquilinos de viviendas públicas ya que esta venta afecta a sus derechos como arrendatarios en tanto en cuanto dejan de ser beneficiarse del régimen público de viviendas de protección oficial.
Nueva sentencia del Supremo
Es por este motivo por lo que La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado mediante Sentencia de 23 de marzo de 2018 el derecho de los inquilinos afectados por la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs a impugnar la venta de sus viviendas públicas.
La Sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 22 de noviembre al considerar que “el cambio de régimen jurídico no es meramente abstracto, tiene consecuencias directas y concretas dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador”.
Los inquilinos afectados, reclaman la nulidad de dicha venta, entendiendo que esa venta se produce sin las garantías que tiene cualquier acto administrativo, sin trámite de audiencia ni darles opción a su derecho a tanteo en el caso de viviendas con opción a compra. La venta perjudica a sus intereses ya que dejan de ser adjudicatarios de vivienda pública a meros inquilinos de un fondo de inversión con afán especulativo.
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