¿Qué delitos se incluyen dentro de la corrupción política?

La corrupción política en la legislación española

A menudo se habla de corrupción política, pero puede parecer un concepto demasiado genérico. Y es que incluye varios posibles delitos, todos contemplados en la legislación española.

No es ninguna novedad que los casos de corrupción política existen, y cada vez están más en boca de todos. Cada año aparecen nuevas noticias al respecto, y hay más procesos abiertos. Al ser procedimientos largos y de carácter público, ocupan gran parte de la información de los medios.

No obstante, es importante saber que no existe el delito de corrupción política como tal. No aparece en la legislación española, aunque sí muchos delitos relacionados.

La corrupción política no está tipificada

Desde el punto de vista del Derecho, el término corrupción es muy amplio. Si bien en general se suele atribuir a los delitos del ámbito público y político, también puede estar relacionado con delitos de abuso de menores, en el ámbito de los negocios o, incluso, en las transacciones comerciales.

Que no exista claramente el concepto de corrupción política puede, en algunos momentos, dificultar la identificación de estos delitos. Igualmente, a menudo interfiere en los procedimientos judiciales, al tener que recurrir a diferentes artículos del Código Penal.

Los delitos contra la administración pública están comprendidos en el Título XIX de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Aunque estas vulneraciones de la ley se suelen conocer como corrupción, cada delito es diferente e independiente.

Los delitos relacionados con la corrupción

Estos son algunos de los delitos que ocupan los juzgados españoles:

Prevaricación

Las autoridades o funcionarios públicos que tomen decisiones arbitrarias, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad, serán castigados con una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de nueve a quince años. Asimismo, también se incluye en el delito de prevaricación nombrar o dar posesión para el ejercicio de un cargo público a una persona de forma irregular y que no cumple los requisitos legales establecidos.

Cohecho

Este delito se produce cuando las autoridades o funcionarios públicos reciben o solicitan favores o retribuciones, así como cuando prometen realizar determinadas acciones, sirviéndose de su cargo, contrarias a los deberes y responsabilidades del mismo en busco del beneficio propio. En general, la pena de prisión será de tres a seis años más una multa de doce a veinticuatro meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo entre nueve y doce años. Estas disposiciones se encuentran en el artículo 419 que va seguido de otros ocho artículos en los que se específica el tratamiento del delito.

Tráfico de influencias

Cuando los funcionarios o autoridades públicas utilizan su cargo para influir en una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí mismo o para un tercero están incurriendo en un delito de tráfico de influencias que son castigados entre seis meses y dos años de prisión.

Malversación

El artículo 432 refleja que la autoridad o funcionario público que cometa un delito del artículo 252 o 253 de la Ley 10/1995 del Código Penal sobre el patrimonio público, se le aplicará una pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación para cargo o empleo público entre seis y diez años. Las sentencias serán más graves si se cumple alguno de los apartados del punto tres de este artículo. Asimismo, si el valor de los bienes o valores apropiados es inferior a 4.000 euros la pena será de uno a dos años de prisión más una multa e inhabilitación.

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