La medida del Gobierno otorga más tiempo a las empresas para rehacer sus balances y evitar una cascada de quiebras. La situación actual lo requiere.

La medida evitará un aluvión de quiebras empresariales

Balón de oxígeno para empresas, juzgados de lo mercantil y el propio Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prórroga de la moratoria concursal hasta el próximo mes de diciembre. Una medida que ayudará a contener la cascada de quiebras empresariales previstas para este año tras un 2020 de caídas generalizadas de las ventas y de endeudamiento masivo.

Las compañías y negocios españoles que estén en riesgo de insolvencia por no poder hacer frente a sus deudas no tendrán que solicitar de forma obligatoria el concurso para proceder a la reestructuración con los acreedores, siempre que sigan siendo viables y solo atraviesen problemas puntuales de solvencia.

Plan de rescate del Gobierno

Podrán acogerse a una nueva tregua mientras el Ejecutivo despliega el plan de rescate de 11.000 millones de euros que el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana. Al menos 7.000 millones se inyectarán de forma directa a los negocios y autónomos que hayan experimentado pérdidas de más del 30 % en la facturación con respecto a antes de la pandemia y serán las comunidades autónomas las encargadas de distribuirlos.

Se agilizarán los concursos voluntarios

El Ejecutivo agilizará la tramitación de los procesos concursales voluntarios de forma paralela a la transposición de la Directiva europea de Reestructuraciones y Solvencia. Un marco que hace hincapié en la viabilidad de la empresa y en una intervención temprana para garantizar que se puede reestructurar la deuda y no se condena a las empresas a la liquidación.

En la práctica esto supone extender la exención del deber de las empresas de solicitar la declaración de concurso. Además, no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso que presenten los acreedores. Se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación de la deuda como los acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso) y también se da más tiempo a las negociaciones de los propios convenios concursales voluntarios.

130.000 pymes en peligro

Alrededor de 130.000 pymes se encuentran con un pie en el concurso de acreedores. El Banco de España calcula que una de cada cinco empresas ya estaría al borde de la insolvencia. A medida que pasa el tiempo, el tejido productivo se sigue deteriorando. A diferencia de otros países vecinos, como Italia, Francia o Alemania, España ha tardado un año en inyectar ayudas directas a las microempresas para sufragar deudas con proveedores y costes fijos como alquileres. La ausencia de medidas contundentes, el peso de los impuestos y el hundimiento de la facturación ha deteriorado los balances de los negocios, incluso aquellos que partían con más músculo financiero.

En sectores como la hostelería ni siquiera la moratoria concursal -introducida en el mes de abril del 2020 y prorrogada el pasado 17 de noviembre-, ha servido para evitar que se disparasen sus solicitudes voluntarias de concurso de acreedores un 125 % en los primeros meses del año, frente al 18,49 % del conjunto de la economía, según Axesor. Solo en el mes de febrero de presentaron 563 procedimientos. El acumulado en el 2021 asciende a 881.

¿Aplazar lo inevitable?

Para los expertos, esta nueva prórroga concursal puede ser una trampa, supone aplazar de nuevo lo inevitable: la quiebra de negocios y empresas zombis que no podrán levantar cabeza aunque se les sostenga de forma artificial con dinero público. Los bancos serán los encargados de gestionar los 3.000 millones de euros que el plan de rescate reserva para las reestructuraciones de préstamos avalados del ICO. Las entidades financieras analizarán los balances para discriminar entre los negocios que son viables con ayudas públicas y los que tendrán que cerrar la persiana definitivamente.

El Banco de España mostró sus reservas el pasado mes de noviembre sobre la posibilidad de una prórroga a la moratoria concursal porque podría contribuir a la supervivencia de empresas que, sin ayudas, ya estarían condenadas a desaparecer: «Sería conveniente evaluar cuidadosamente una posible prolongación de la moratoria concursal más allá de finales del 2020, dado que esto podría exacerbar el problema: las empresas inviables seguirían en el mercado, con balances cada vez más deteriorados».

 

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