Multas del estado de alarma. El Tribunal Constitucional es claro “priva a la actuación policial de la base jurídica que la legitimaba”

Una multa de 2.166 euros del primer estado de alarma queda anulada por completo

En la sentencia de 11 de noviembre de 2021, la Audiencia Provincial de A Coruña ha anulado una multa de 2.166 euros impuesta a un ciudadano que desobedeció a unos agentes de la autoridad que le requirieron que regresase a su domicilio al estar incumpliendo el confinamiento decretado por el primer estado de alarma.

Según la Sala, lo puesto de manifiesto en la conocida sentencia del Tribunal Constitucional “impide efectuar un pronunciamiento de condena en los términos que contiene la sentencia recurrida, al quedar privada a posteriori del respaldo normativo que sustentaba la aplicación de la figura de la desobediencia”.

 

En junio de 2021 fue condenado un ciudadano por desobediencia grave a los agentes de la autoridad

En junio de 2021, el Juzgado de lo Penal n.º 5 de A Coruña condenó a un ciudadano como autor de un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad del art. 556.1 del Código Penal, con la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 del mismo texto legal, a la pena de 12 meses y un día de multa con una cuota diaria de 6 euros.

La multa de 2.166 euros impuesta se debió a la desobediencia del ciudadano frente a los agentes de la autoridad que le requirieron que regresase a su domicilio porque estaba incumplimiento el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma.

 

El ciudadano interpuso un recurso de apelación antes incluso del fallo del Constitucional

Disconforme con tal fallo, antes incluso de que el Tribunal Constitucional dictase la conocida Sentencia 148/2021, de 14 de julio, que declaraba la nulidad parcial de los preceptos que restringían la libertad de circulación establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la representación procesal del ciudadano interpuso un recurso de apelación.

 

La Audiencia de A Coruña anula la multa

Como antecedente, en una clara evidencia con la STC aludida, la Sección Primera de la AP de A Coruña reconoce que “no puede ser ajena al deliberar y resolver este recurso a la realidad posterior a la fecha de la sentencia y a la de interposición del recurso”.

Así, llevando las conclusiones allí recogidas al caso que aquí nos ocupa, la Sala recuerda que tal pronunciamiento de inconstitucionalidad “priva a la actuación policial de la base jurídica que la legitimaba”.

“Priva de respaldo legal a la actuación policial”

Como es sabido, la figura del art. 556 CP gravita en torno al incumplimiento de una orden dictada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de su función. Esta orden tiene que ser personal y directa para el sujeto activo, concreta en su contenido, clara y terminante en su forma y, sobre todo, legítima. “La legitimidad del agente es la esencia de la actuación cuyo incumplimiento por el requerido puede llegar a alcanzar naturaleza penal”, recuerda la AP de A Coruña.

Tras hacer alusión a las SSTS 210/2017, de 28 de marzo, 531/2017, de 11 de julio y 163/2018, de 6 de abril, la Sala advierte que es la propia declaración de inconstitucionalidad de la aludida norma habilitante de la actuación de los agentes de la autoridad, la que “priva de respaldo legal a la actuación policial”.

 

Absolución del apelante de los cargos formulados contra él

En palabras de la Audiencia, “al hacer una declaración expresa sobre el contenido y alcance de sus efectos, la decisión del TC supera el momento inicial en el que el ciudadano o particular no puede hacer un examen de legalidad de la orden o mandato, al que queda de manera general vinculado si la autoridad o el agente tienen una competencia abstracta y cumplen las formalidades legales, lo que crea una cierta presunción de legalidad de la orden o mandato que emite”.

Por consiguiente, ya en el fundamento de derecho segundo de la reciente sentencia, la Sala reconoce que lo declarado por el máximo tribunal de garantías de nuestro país “impide efectuar un pronunciamiento de condena en los términos que contiene la sentencia recurrida, al quedar privada a posteriori del respaldo normativo que sustentaba la aplicación de la figura de la desobediencia por la que se dictó sentencia de condena”.

Así las cosas, lo anterior supone la absolución del apelante de los cargos formulados contra él y la revocación del pronunciamiento de condena realizado.

Fuente: economistjurist.es

Foto: lavanguardia.com

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